REMATES FALLIDOS
En las últimas horas, la Justicia dispuso la adjudicación por extinción de dominio de la vivienda de Luis Lobos, exintendente de Guaymallén, a la Dirección General de Escuelas (DGE). Según el fallo, recibió el inmueble ubicado en el barrio Alto Portal del Sauce más el pasillo comunero de indivisión forzosa para poder llegar hasta la vivienda.
En este caso, el organismo estatal asumió los gastos y costos procesales. Por su parte, ya quedaron cancelados todos los gravámenes y medidas cautelares que pesaban sobre el inmueble.
La decisión se tomó luego de un pedido conjunto realizado por representantes del Ministerio Público Fiscal, el asesor de Gobierno de Mendoza, el representante de la DGE y el de la Fiscalía de Estado.
Además, el fracaso de las dos subastas por falta de oferentes, sumada a la modificación a la ley de extinción de dominio permite que, en caso de remates manifiestamente antieconómicos o el fracaso de los mismos, el juez pueda disponer la entrega directa de los bienes a la DGE.
Sobre esto, la jueza que tomó dicha decisión expresó que "ni la ley ni el DNU en que se ha basado este proceso, preveían la entrega directa de los bienes objeto de la acción de extinción de dominio, disponiendo que se subastaran los mismos. Sin embargo, recientemente, la Honorable Legislatura Provincial dictó la ley 9533", lo que incorpora la posibilidad.
"Dicha norma, por ser de carácter procesal, resulta de aplicación inmediata a los procesos en trámite".
Y agregó: "No habiéndose presentado oferentes en las subastas anteriores, entiendo que un nuevo intento de subasta por un precio menor al ya fijado resultaría en el caso antieconómico, con los gastos que ello significa. Como contraposición, no tengo dudas en cuanto a que redundaría en mejor provecho para la Dirección General de Escuelas la entrega directa de los inmuebles identificados, cumplimentando así y de mejor modo, el verdadero espíritu de la ley de extinción de dominio".
Así, se da cumplimiento con el objetivo principal de la ley que es "extinguir por vía de una acción civil el derecho sobre los bienes que hayan sido mal habidos por efecto de actos de corrupción, a fin de recuperarlos en beneficio del conjunto de la sociedad".
